Esta Ley, promulgada por el Presidente Abelardo Rodríguez, consideraba ya la plena autonomía de la Universidad, y la define como una corporación cuyos fines son impartir educación superior y organizar investigaciones científicas acerca de las condiciones y problemas nacionales, para formar profesionistas y técnicos útiles a la sociedad y extender los beneficios de la cultura. Propone como autoridades universitarias a el Consejo Universitario, el Rector, los Directores de facultades, Escuelas e Institutos universitarios, y profesores y alumnos representantes de las Academias.

Se nomina, por primera vez, al Rector como jefe nato de la institución, quien presidirá en adelante al Consejo Universitario, máxima autoridad universitaria y, que dicta todas las normas y disposiciones generales encaminadas a organizar y definir el régimen interior de la Universidad.

Ya que esta Ley consta de solo nueve artículos, es en el Estatuto, derivado de ella y, primero en la historia de la Universidad, donde se pretende plasmar una estructura de gobierno que garantice la vinculación permanente de todos los órganos de la comunidad, con la comunidad misma.

El espíritu de esta Ley responde a la conciencia de su autonomía total, pues dicta que será la comunidad universitaria entera, por medio de sus órganos y, con los procedimientos que ella misma se dicte, la única capacitada para decidir sobre todos sus asuntos.

Jurídicamente, esta ley si bien concedía plena autonomía a la Universidad, le quitaba su carácter nacional y la convertía en una institución privada a la que se le concedía un subsidio por única vez, para que con él arrancara y se mantuviera de los ingresos que generara.

Con la llegada a la presidencia de Lázaro Cárdenas, la situación de la Universidad no mejoró, ya que entre otras cosas, la Universidad no apoyó las decisiones presidenciales, de tal manera que Cárdenas pidió al rector Fernando Ocaranza respeto al artículo 3º constitucional y la reestructuración de la Universidad de acuerdo al proyecto revolucionario. Más adelante, Ocaranza renunció y llegaron nuevos rectores: Luis Chico Goerne, Gustavo Baz y Mario de la Cueva, quienes lograron mantener una relación más cordial con la presidencia. Pero no es hasta 1940 con la llegada de Manuel Ávila Camacho, que la vida universitaria tuvo un giro importante en su organización.